viernes, 30 de septiembre de 2016

HISTORIA DEL TRIBUNAL


video

La Dirección General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, los invita a ser parte de esta nueva etapa del Blog la cual estará integrada de artículos de interés en materia fiscal y administrativa y video capsulas en las que se abordaran temas relacionados con la integración y funcionamiento de nuestro Tribunal. 

En esta primera entrega les damos una breve introducción a los orígenes históricos de nuestra institución, esperamos sea de su agrado.

lunes, 26 de septiembre de 2016

DEDUCIBILIDAD DE COLEGIATURAS Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET


En caso de encontrarse en el supuesto de aplicar en la declaración anual el estímulo fiscal correspondiente al pago de colegiaturas a nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato o equivalente y, con motivo del inicio del nuevo año escolar, resulta conveniente no perder de vista lo siguiente:







Adicionalmente, para poder estar en posibilidad de integrar el mencionado patrón, la institución educativa debe contar con Reconocimiento de Validez Oficial, de acuerdo con la Ley General de Educación; los comprobantes que expida deben tener el nombre completo, CURP y nivel educativo del alumno; así como precisar por separado el importe y concepto de los servicios que corresponden exclusivamente a la enseñanza del mismo.





El padrón se actualiza constantemente con información proporcionada por los contribuyentes o las escuelas que realicen aclaraciones, y para consultarlo se debe ingresar a la siguiente dirección: http://consultaescuelas.sat.gob.mx/Scade.Net.ConsultaEscuelasPrivadas/Default.aspx[1]

·        
-     RFC de quien expide el comprobante
·         Régimen fiscal en el que tributen, de acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta
·         Domicilio en el que se expiden los CFDI
·         Número de folio y sello digital asignados por el SAT
·         Lugar y fecha de expedición
·         RFC de la persona a favor de quien se expide
·         Descripción del servicio, valor unitario y el importe que ampare en número y letra
·         Señalamiento expreso del pago en una sola exhibición o en parcialidades
·         El monto de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y el monto de los impuestos retenidos
·         Forma de pago
·         Fecha y hora de certificación
·         Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado
·         Utilizar el estándar del comprobante fiscal digital a través de Internet extensible [XML] (esquema-comprobante.xsd)[1]

·         Aunado a lo anterior, se debe cumplir con lo establecido en la regla 2.7.1.32., contenida en la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del año en curso[2], que señala que dentro de los requisitos en la expedición de comprobantes fiscales, se encuentra la forma de pago. A partir del 15 de julio de 2016 es exigible el siguiente catálogo[3]:

Clave
Descripción
01
Efectivo
02
Cheque nominativo
03
Transferencia electrónica de fondos
04
Tarjeta de crédito
05
Monedero electrónico
06
Dinero electrónico
08
Vales de despensa
28
Tarjeta de débito
29
Tarjeta de servicio
99
Otros





NIVEL
LÍMITE DE DEDUCCIÓN
Preescolar
hasta $ 14 mil 200
Primaria
hasta $ 12 mil 900
Secundaria
hasta $ 19 mil 900
Profesional técnico
hasta $ 17 mil 100
Bachillerato o equivalente
hasta $ 24 mil 500





Elaborado por:
Lic. Diana Fernández Conde
Abogada del Centro de Estudios Superiores





[1] El 6 de julio del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que los archivos en formato “xml” son constitucionales, a diferencia del instructivo para generarlos.



[1] Que admite como patrones de búsqueda el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la razón social.

lunes, 12 de septiembre de 2016

IMPUGNACIÓN DE LAS ACTAS DE VISITA FISCAL A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO


La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de jurisprudencia firme y de observancia obligatoria, determinó que, por regla general, las actas de visita domiciliaria, levantadas por las autoridades con motivo de la realización de un procedimiento de auditoria, tendiente a verificar el cumplimiento de los contribuyentes respecto a sus obligaciones fiscales, no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo sino hasta que sea dictada la resolución final en el respectivo procedimiento administrativo[1].






De acuerdo a lo que se lee, el amable lector fácilmente podrá colegir que a esa prescripción de carácter general, como a cualquier otra de esta naturaleza, le sigue una excepción, como habrá de comentarse más adelante.

Previamente a la formulación de los comentarios anunciados, resulta oportuno delinear la institución concerniente a las precitadas actas, a efecto de contar con los elementos necesarios para el tratamiento de la cuestión aquí abordada.

La palabra acta proviene de latín “acta”, y de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, significa, entre otras acepciones, una relación escrita de lo sucedido o acontecido en un evento[2].

Es así que el acta de visita fiscal es el documento público levantado para hacer constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones observados por los visitadores durante la visita fiscal[3].

Es uno de los instrumentos más importantes en la realización de una revisión, ya que por medio de ella se constatan los siguientes extremos en la práctica de esta última:

a)    El cumplimiento de los requisitos formales que regulan las visitas fiscales en el domicilio de los causantes: señalamiento del lugar en el que aquellas se llevarán a cabo, individualización del sitio, identificación de los visitadores, su sustitución, nombramiento de testigos, nombre de la persona con quien se entiende la diligencia, etcétera[4].
b)    Los asientos correspondientes a la forma en que concretamente se verificó la auditoría hecha al contribuyente: la contabilidad que se revisó; los papeles, facturas o cualquier otro tipo de registro contable, así como los procedimientos legales o contables utilizados en su desahogo[5].
c)    Los efectos o consecuencias con trascendencia jurídica, que deriven de hechos u omisiones asentados por el personal actuante, con relación a este, o bien, al sujeto revisado.

De conformidad con lo expuesto, fácilmente se colige que las precitadas actas pormenorizadas en los incisos a) y b) anteriores, destacadamente tienen el carácter de actuaciones de trámite o instrumentales, puesto que no ponen fin a la instancia administrativa de la que dimanan, en todo caso únicamente preparan la emisión de la voluntad definitiva de la autoridad, que en la especie es aquella resolución que determina la situación fiscal del contribuyente.

Precisamente son tales actas para las que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apuntó que “sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios)”; de ahí que acertadamente señaló que las mismas no resultan impugnables mediante el juicio de garantías.

Ahora bien, es de llamar la atención que no obstante el criterio jurisdiccional comentado indica en su rubro, leído a contrario sensu, la posibilidad de que excepcionalmente las actas de visita domiciliaria fiscal son controvertibles en la vía indirecta del juicio de amparo, de la consulta que se haga al mismo se advierte que no contiene señalamiento alguno acerca de los casos a incluirse en ese supuesto.

En efecto, solamente manifiesta la procedencia del juicio de amparo, en la reglamentación prevenida en su anterior legislación, para la resolución definitiva, de forma inmediata por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. De lo contrario, previamente es de agotarse en contra de dicha resolución el medio de defensa ordinario que fuera procedente, en observancia al principio de definitividad.

Entonces, es necesario precisar, en concreto, qué excepciones hacen procedente el juicio de garantías en contra de tales actas.

De inicio, la premisa fundamental es que deben tratarse de las actas que, como se dijo con antelación, fijen efectos jurídicos inmediatos en el transcurso de la auditoría.

Luego, es condición sine qua non que estos incidan o afecten derechos fundamentales, protegidos constitucional o convencionalmente e importen, además, una violación que de consumarse sea de imposible reparación.

Es así que, con sustento en tesis recientemente emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito[6], actualizan la procedencia excepcional del juicio de amparo contra las actas de mérito, cuando transgredan la inviolabilidad e intimidad del domicilio o la prerrogativa esencial de protección a los datos de las personas, protegidas por el artículo 16 de la Constitución, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros supuestos más. Ello con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor.

Siendo así de destacar la importancia de este importante precedente, que proporciona orientación para la promoción del juicio de amparo en tratándose de las actas de visita fiscal, en complemento a lo que en su momento determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo aquí expuesto.


Elaborado por:
Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico
Centro de Estudios Superiores  





[1] Tesis: 2a./J. 24/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, p. 147.
[2] Todas las connotaciones del término acta, en el diccionario invocado, están visibles en la siguiente dirección electrónica: http://dle.rae.es/?id=0cGyNT4
[3] Diccionario Jurídico Mexicano, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, p. 78.
[4] Idem.
[5] Idem.
[6] Tesis: XVI.2o.A.3 A (10a.), visible en la publicación semanal electrónica del Semanario Judicial de la Federación, hecha el viernes 5 de agosto de 2016, a las 10:05 horas.

lunes, 22 de agosto de 2016

HACIA LA CONMEMORACIÓN DEL 80° ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

El próximo 27 de agosto se conmemorará el octogésimo aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, la cual creó al Tribunal Fiscal de la Federación, denominación con la que inicialmente se conoció al actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Es así que, en el marco de tan memorable ocasión, presentamos a nuestros amables seguidores una breve síntesis del primer año de labores de ese órgano jurisdiccional, la cual es recopilada precisamente del informe que el señor Magistrado Don Octavio R. Velasco Álvarez rindió el 18 de diciembre de 1937[1]:

 
Fotografía.- Mag. Octavio R. Velasco Álvarez,
Primer Presidente del
Tribunal Fiscal de la Federación
(1937)

 SEÑORES MAGISTRADOS:

EL ARTÍCULO NOVENO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL IMPONE AL SUSCRITO, COMO PRESIDENTE DEL PROPIO ORGANISMO, LA OBLIGACIÓN DE RENDIR UN INFORME ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO Y LAS ORIENTACIONES JURÍDICAS ADOPTADAS.

ACATANDO DICHO PRECEPTO, RINDO EL INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE, PRIMERO DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

II…

“… Designados en septiembre de mil novecientos treinta y seis, los Magistrados que integrarían el Tribunal Fiscal de la Federación consideraron conveniente celebrar juntas previas a la iniciación de los trabajos de dicho Órgano Administrativo…”

“… Por virtud de la supresión del Jurado de Infracciones Fiscales y de la Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta y dado lo prescrito por el artículo 4° transitorio de la Ley de Justicia Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público turnó al Tribunal DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS asuntos pendientes de resolución…”

IV…

“… Oportunamente se discutió y aprobó el Reglamento Interior del Tribunal y de las Salas; pero el Pleno externó claramente su intención de adoptar tal Reglamento como provisional, a reserva de hacerle progresivamente las modificaciones impuestas por la necesidad. En tal virtud, el Pleno ha votado posteriormente orientaciones diversas a las que informan algunos de los preceptos del Reglamento aprobado, que habrá de discutirse más tarde en cuanto definitivo…”

V…

“… El desarrollo de la función jurisprudencial que le encomienda la Ley, el Tribunal Pleno ha venido fijando la interpretación de preceptos de la Ley de Justicia Fiscal y el sentido de disposiciones fiscales en relación con las cuales se han pronunciado sentencias contradictorias por las Salas…”

“… Entre las múltiples decisiones adoptadas, merecen citarse, como más importantes, en diversos aspectos, las que establecen las tesis siguientes: El recurso de queja contra sentencias de las Salas puede fundarse invocando la jurisprudencia establecida por el Pleno en casos análogos, aun cuando no idénticos al que es motivo del fallo. Las resoluciones que pronuncie el Magistrado Semanero, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 17 de la Ley de Justicia Fiscal, deben estimarse como pronunciadas por la Sala de que forma parte, para el efecto de demarcar la competencia del Pleno respecto de cuestiones suscitadas en torno de dichas resoluciones. Para que proceda el recurso de reclamación ante la Sala, contra resoluciones pronunciadas por el Magistrado Semanero, no es necesaria la expresión de agravios. Cuando en la demanda se aleguen violaciones de procedimiento y violaciones de fondo, si el Tribunal declara procedentes las primeras, debe abstenerse de analizar las violaciones de fondo y concretarse a ordenar la reposición del procedimiento, en virtud de que el juicio regulado por la Ley de Justicia Fiscal no es un contencioso de plena jurisdicción, sino que simple contencioso de anulación…”

“… Si en la demanda se alega como agravio que una resolución administrativa fue revocada sin acudir a un juicio previo ante el Tribunal Fiscal, las Salas deberán limitarse, en el caso de que encuentren fundado ese agravio, a declarar la nulidad solicitada, absteniéndose de estudiar si fue o no correcta la revocación en cuando al fondo…”

“… El Tribunal Fiscal de la Federación tiene facultad para exigir de las autoridades fiscales la remisión de expedientes, si no existe inconveniente legal en tal remisión…”

“… Aun cuando la Ley de Justicia Fiscal no concede al Tribunal facultades para ejecutar sus fallos, no lo priva de facultades para ejecutar y hacer cumplir sus decisiones de trámite, por lo que las Salas del propio Tribunal pueden imponer las medidas de apremio a las que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando las autoridades fiscales se niegan a cumplir tales decisiones de trámite…”

“… El principio que establece la presunción de legalidad de los actos administrativos, dejando la prueba en contrario a cargo del causante, no tiene un carácter absoluto, pues la administración está obligada a demostrar que el acto de constatación ha sido dictado legítimamente, de conformidad con los elementos materiales recogidos por ella, en la forma requerida por la Ley…”

“… El Tribunal no reconoce a las Oficinas Federales de Hacienda facultades para recibir las promociones que se le dirijan; pero, adoptando en esto el sistema aplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera recibidas oportunamente las promociones que se depositen dentro del término legal, en las Oficinas de Correos de las poblaciones foráneas…”

“… El Pleno decidió se lleve en la Secretaría de Acuerdos un registro de poderes otorgados por personas jurídicas, en el concepto de que una vez inscrito en dicho registro el instrumento que acredita la personalidad del mandatario de la persona moral, basta la certificación que en tal sentido emita la Secretaria de Acuerdos para que las Salas del Tribunal reconozcan la personalidad del apoderado…”

VI…

“… El Tribunal Fiscal de la Federación se ha esforzado en el primer año de sus actividades por responder ampliamente a su función. Puede afirmarse categóricamente que la única mira de su gestión ha sido resolver las cuestiones que ante él se plantean, con estricto apego al Derecho, ciñéndose al contenido de la Ley positiva, cuando tal contenido es preciso, y acudiendo a la interpretación jurídica y a la doctrina cuando ello es necesario…”

“… Como conclusión de este informe, puede, pues, afirmarse que el Tribunal estima que la labor desarrollada durante el primer año de su gestión ha respondido a los propósitos que presidieron a su creación, por lo que espera que la institución encontrará arraigo definitivo en la organización jurídica de México…”


Compilación de la información original:

C. Alejandra Abril Mondragón Contreras
Jefa de Departamento de la Dirección de Difusión





[1] Para consultar mayor información a la aquí presentada, consúltese la Gaceta del Centro de Estudios Superiores correspondiente a marzo de 2016, visible en la siguiente dirección electrónica: http://cesmdfa.tfja.mx/doctos/gacetas/gaceta_300515/Gaceta_MARZO16.html