martes, 7 de febrero de 2017

EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917


El 5 de febrero próximo se conmemora el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, ordenamiento fundamental que nos rige en la actualidad.

Es un acontecimiento de suma importancia, de tal suerte que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero, se ha declarado este 2017 como el “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Por tal motivo, en esta ocasión se hará una breve evolución histórica sobre el establecimiento y alcances de la justicia administrativa en el texto de la Carta Magna señalada.

La Constitución de 1917 continuó con el sistema establecido a la luz de su antecesora –la de 1857- en ese sentido, la solución de las diferencias entre los órganos de la administración pública de la Federación, el Distrito o Territorios Federales y los particulares, quedó atribuida en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, en aplicación de la concepción tradicional acerca de la división de funciones públicas encomendadas separadamente a cada uno de los principales órganos estatales de las que reciben su denominación: ejecutivo, legislativo y judicial.

Si bien, como se mencionó anteriormente en este mismo espacio, la Ley de Justicia Fiscal, expedida el 27 de agosto de 1936, por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en uso de las facultades extraordinarias que le concedió el Congreso Federal, al establecer el Tribunal Fiscal de la Federación[1] creó el primer tribunal administrativo del México moderno, dotado de autonomía para realizar el control jurisdiccional sobre la actuación de la administración activa, en defensa del interés y los derechos de los particulares; lo cierto es que esa creación no estaba prevista expresamente en el texto de la ley fundamental.

No será hasta 1946, por virtud de una reforma realizada a la fracción primera del artículo 104 de la Constitución, que se incluye la referencia a los tribunales administrativos, aunque no en forma directa, sino mediante una previsión que instituyó la facultad a favor del legislador ordinario para establecer recursos en apelación, del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Federales, en asuntos de interés público, o por los tribunales administrativos dotados de plena autonomía.

Este disposición constitucional evolucionó, y por la reforma de 1968 al precepto invocado en su misma porción normativa, categóricamente se dispuso que el legislador federal podía establecer tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos (sentencias), con la función de dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública de la Federación o el Distrito y Territorios Federales y los particulares.

Más tarde, fueron llevadas a cabo modificaciones a tres artículos constitucionales en materia de jurisdicción administrativa, mismas que se comentan inmediatamente.
El 17 de marzo de 1987 se modificó la fracción IV del numeral 116 para autorizar, a las Constituciones y leyes de los Estados del país, la institución de tribunales de lo contencioso administrativo, reiterando su plena autonomía para dictar sus fallos, así como su vocación jurisdiccional, en iguales términos a los de carácter federal, proporcionando sustento constitucional a la creación de dichos organismos a nivel local.

Por otro lado, el 29 de julio de 1987, con el propósito de enmendar un error de técnica legislativa, se cambia nuevamente el texto constitucional, a efecto de trasladar el fundamento de los tribunales administrativos, contenido en el capítulo dedicado al Poder Judicial de la Federación (artículo 104, fracción I), al artículo correspondiente a las facultades generales del Congreso de la Unión (artículo 73, fracción XXIX-H), el que estará facultado para crear órganos de jurisdicción contencioso administrativa en el ámbito federal; con indicación de que la legislación expedida por este órgano legislativo señalará, adicionalmente, su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos procedentes contra sus resoluciones.

La siguiente reforma constitucional a comentar, fue la realizada al mismo artículo 104 de la Constitución, el 5 de enero de 1988, que le adicionó una fracción I-B, posibilitando a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones definitivas dictadas por los tribunales contenciosos administrativos, federal y locales, sujetándose a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales fijara para la revisión en amparo indirecto, con la precisión que, en contra de las resoluciones que dictaran los referidos órganos, no procedería juicio o recurso alguno[2].

Finalmente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, la impartición de justicia administrativa tiene un cambio fundamental, pues expresamente se previene en el texto supremo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en adición a la resolución de las contiendas entre la administración pública federal y los particulares, ahora es el órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, así como a particulares que participen en actos vinculados con tales responsabilidades[3].

No se omite indicar que este Tribunal es parte fundamental del denominado Sistema Nacional Anticorrupción, establecido por la reforma constitucional de mérito, al formar parte también de su Comité Coordinador[4], entre otros aspectos en los cuales asimismo tiene intervención.

Elaborado por:
Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico



[1] A partir de 2001, este órgano jurisdiccional cambió su nombre por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
[2] Mandato que subsiste hoy en día en la fracción III, del mismo precepto constitucional anotado.
[3] Artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución, actualmente en vigor.
[4] Artículo 113 constitucional.

lunes, 30 de enero de 2017

IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA: FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y MATERIA FISCAL


 La presente colaboración es la primera de una serie de entregas concebidas para difundir entre los lectores el quehacer del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con un lenguaje franco y llano, desprovisto de tecnicismos, hasta donde lo permita la naturaleza de las cuestiones que se traten en estas líneas.

En esta oportunidad, se inicia con la exposición breve de lo que debe entenderse por la función jurisdiccional y la materia que fue primeramente del conocimiento de este Tribunal.

La función jurisdiccional es la potestad de impartir justicia, lo que asegura la eficacia de la ley, y tiene como finalidad la solución de los conflictos.

Es así, que este Órgano Jurisdiccional surgió a la vida institucional de la República Mexicana por virtud de la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, como Tribunal Fiscal de la Federación, abocado a solucionar disputas en el ámbito fiscal, a través de un procedimiento conocido como juicio contencioso administrativo.

El contexto fiscal se refiere, entre otras cuestiones, a las prestaciones en dinero que el Estado exige a los particulares a efecto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, o también a las sanciones que son impuestas por la inobservancia a las normas jurídicas que regulan esta situación.

Ahora bien, el desarrollo de la relación que se entabla entre un órgano gubernamental, con funciones fiscales, y los particulares, debe ser con estricto apego, primero a la Constitución, y después, a las leyes; de tal suerte que cualquier desvío a estas normas puede reclamarse ante el Tribunal, por medio de un juicio en el que intervienen las autoridades por un lado, y el o los afectados por el otro, que finaliza con el dictado de una sentencia.

Elaborado por:
Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico


martes, 24 de enero de 2017

“LA REFORMA FINANCIERA”


(Primera parte)


Por: LIC. MANUEL QUIJANO MÉNDEZ
Director de Área de Contenidos del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. 

La dimensión y trascendencia de dicha reforma amerita que, para proporcionar una visión general, aun cuando sintética sobre sus aspectos más relevantes, su análisis se realice en partes, dado que el Decreto consta de 54 artículos, de los cuales 41 modifican, adicionan o derogan múltiples disposiciones de 34 leyes que se refieren a la organización y funciones de distintas entidades financieras, y 13 consisten en disposiciones transitorias relativas a la aplicación de ciertos numerales del propio Decreto. Asimismo, contiene un Transitorio Único relativo a su propia vigencia y la de ciertas disposiciones que fueron objeto de la reforma.

Para mejor ilustración, se anexa un listado de los artículos del Decreto, indicando la finalidad de cada uno y señalando especialmente algunos que reforman las mismas leyes que otros…





lunes, 16 de enero de 2017

CARÁCTER NORMATIVO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN


El ciclo de las finanzas públicas del Estado mexicano sigue las mismas etapas que constituyen a la actividad financiera de cualquier entidad económica: la captación de recursos, el manejo o administración de los mismos y su aplicación, a efecto de tener los medios necesarios para el cumplimiento de los diferentes fines que se hayan establecido.

La primera de las fases en comento –la obtención de los recursos de carácter económico- desde el punto de vista jurídico, se materializa a través de la Ley Federal de Ingresos de la Federación, instituto legal que se expide mediante la coparticipación entre el Poder Legislativo Federal y el Titular del Ejecutivo de la Unión.

En efecto, la elaboración de la iniciativa de esa Ley corresponde al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la remite a los representantes de la ciudadanía y del pacto federal para su discusión y aprobación, convirtiéndose así en un texto normativo de naturaleza vinculante, que ha de regir las conductas, tanto de gobernantes como gobernados, en la obtención de los ingresos financieros públicos.

Es una concepción arraigada, la que identifica a la Ley de Ingresos de la Federación solamente como un instrumento técnico, cuyo contenido estriba en la enumeración de los diferentes conceptos de ingresos públicos y el monto que por ellos será percibido en un año de calendario o periodo de ejercicio. Posición reduccionista que no está considerando otros aspectos normativos que refiere, tales como:

  • La propuesta de endeudamiento neto del Gobierno Federal y la intermediación financiera.
  • La deuda contingente derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, los nuevos proyectos a contratar y su monto, en términos de la Ley General de Deuda Pública.
  • Regímenes específicos y estímulos fiscales aplicables al ejercicio fiscal a que se contrae.
  • Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información.
Precisamente, el tercero de los puntos desglosados enunciativamente fue controvertido mediante la interposición de juicios de amparo, argumentando la carencia de competencia de la Ley de Ingresos de la Federación para regular, sustantivamente, aspectos relacionados con las contribuciones o establecer regímenes específicos sobre las mismas, al estimarse violatorio de prerrogativas esenciales en el ámbito impositivo.

El tema de mérito fue examinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los diversos recursos de amparo en revisión de su conocimiento[1], que dieron origen a criterio jurisprudencial firme y de observancia obligatoria[2], el que medularmente determinó:

  1. No es dable sostener que el carácter normativo de la Ley de Ingresos de la Federación únicamente se circunscriba a un conjunto de datos o informes sobre las contribuciones a recaudarse
  2. En ese tenor, es incorrecto sostener que ese ordenamiento no pueda legislar sobre esas contribuciones, incluso, en aspectos que trasciendan en su determinación, es decir, que sean de contenido normativo sustancial
  3. A mayor abundamiento, ningún precepto constitucional dispone que las leyes de ingresos de la Federación exclusivamente deben tener el primero de los caracteres anotados
Por lo anterior, la Ley de Ingresos de la Federación es apta para prescribir, como ha sucedido hasta el momento, acerca de tratamientos particulares de contribuciones federales, estímulos fiscales, o respecto a sus elementos esenciales, amén que se trata de una ley tanto en sentido material como formal.

Elaborado por:
Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico





[1] Amparos en revisión números 841/2010, 450/2013, 480/2013, 501/2013 y 543/2014.
[2] Tesis de jurisprudencia número 1a./J. 1/2017, visible en la versión electrónica del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, viernes 6 de enero de 2017, 10:07 h., de rubro: “LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. NO POSEEN UN CONTENIDO MERAMENTE INFORMATIVO, SINO QUE PUEDEN REGULAR ASPECTOS NORMATIVOS TRIBUTARIOS.”, consultable en la siguiente dirección:


lunes, 5 de diciembre de 2016

DERECHO DE LOS TRATADOS

DERECHO DE LOS TRATADOS

Autor: Víctor Manuel Rojas Amandi

El estudio de los tratados internacionales ha sido una cuestión que, por regla general, forma parte de las obras y programas dedicados al Derecho Internacional, en sus vertientes de público o privado.

Por lo anterior, el libro puesto a la consideración del lector constituye un análisis particular de un tema que es el punto de origen de las relaciones jurídicas establecidas entre Estados, como entidades soberanas, Estados y organismos internacionales, o bien, nacionales de diferentes Estados.
 
 
A través de los once capítulos de la publicación, el autor trata los diferentes aspectos para una comprensión integral de la institución relativa a los tratados internacionales, comenzando con un panorama histórico;  clasificación; su distinción con los acuerdos no obligatorios; conclusión y entrada en vigor; reservas; interpretación de sus cláusulas; efectos que surgen entre las partes y terceros ajenos; procedimientos tendentes a su enmienda y modificación; causales de invalidez, suspensión y terminación; depósito, registro y publicación.

La regulación internacional de cada uno de los puntos enunciados es confrontada con las respectivas disposiciones del Derecho en México vigentes, pero además, está incluido todo un capítulo dedicado a la situación actual existente de los tratados en el sistema jurídico nacional que comprende, también, lo concerniente a la aplicación de estos instrumentos cuando previenen derechos humanos, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política Mexicana en vigor.

Son valores agregados de la obra, un apartado que enlista documentos y sentencias relevantes en el estudio de los tratados, que han forjado la doctrina y jurisprudencia autorizada en los órdenes internacional y nacional, así como el texto íntegro de algunos instrumentos destacados, como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados.

Cabe señalar que el libro se presenta en versión impresa y en formato electrónico, de acuerdo con la creciente oferta que las editoriales realizan en este sentido.

ROJAS AMANDI, Víctor Manuel. Derecho de los Tratados. Tirant lo Blanch. México, 2014.


Elaborado por:

Lic. Mauricio Estrada Avilés

Subdirector Académico

lunes, 14 de noviembre de 2016

REINO UNIDO Y SU SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA


Segunda parte

En esta ocasión, se concluyen los comentarios respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con énfasis en los escenarios que ello producirá, tanto para el mundo como México.

El Reino Unido en la Unión Europea
Desde el ingreso del Reino Unido a la EEC, que posteriormente se transformó en la Unión Europea (UE), buscó obtener grandes beneficios a cambio de pocos sacrificios. En los hechos, nunca se integró por completo a la UE.

Un claro ejemplo de lo anterior, es que nunca adoptó al euro como su moneda, continuó utilizando la libra (£).

A finales de los años 90, el Primer Ministro Tony Blair, que estaba a favor de ser miembro de la UE, tuvo que lidiar con la crisis de las vacas locas, lo que generó gran inconformidad dadas las sanciones impuestas al país.

En 2011, David Cameron se convirtió en el único Primer Ministro británico que ha vetado un tratado de la UE. En un discurso pronunciado a principios de 2013, en el que se mencionaron lo retos a los que se enfrentaría Europa, prometió renegociar las condiciones de la permanencia de su país, siempre y cuando su partido obtuviera la mayoría en la siguiente elección.

BREXIT

Después de 43 años, de múltiples quejas por supuestas injusticias cometidas contra los británicos y de varias amenazas de salir de la UE con el objetivo de presionar con sus puntos de vista, el 23 de junio del año en curso se llevó a cabo un referéndum en el Reino Unido para determinar si debía o no continuar siendo miembro de la Unión Europea, el 52% de los británicos decidió abandonarla.

La causa que supuestamente motivó esta decisión es la inconformidad de la alta migración; pero en realidad fueron la crisis mundial de 2008, originada en Estados Unidos, y la económica, que presentan España, Portugal y Grecia principalmente.

Posibles consecuencias

Existen muchas especulaciones respecto a las secuelas que ocasionará la salida del Reino Unido de la UE, a continuación se mencionan algunos hechos, hipótesis y posibles escenarios:

Hechos:
  • Renuncia de David Cameron como Primer Ministro y el nombramiento de Theresa May
  • Rechazo del Reino Unido a la presidencia rotativa de la UE[1]
  • Las principales fuentes de inversión extranjera directa de la UE son[2]:
  1.  España 
  2. Alemania
  3. Reino Unido, con capitales por 8 mil 600 millones de dólares
  • La incertidumbre política genera incertidumbre económica, mercados volátiles e inversionistas temerosos
Hipótesis:
  • Tomará por lo menos 2 años realizar los ajustes necesarios y las negociaciones pertinentes entre los 27 países que permanecen en la UE.
  • Gran volatilidad en el mercado de valores, sobre todo mientras continúe la especulación y se definan las condiciones precisas en que se pactará la salida del Reino Unido.
  • En el caso del comercio de mercancías, se prevé que los aranceles británicos sean fijados de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial del Comercio.
  • Dado que principalmente en Inglaterra se concentró el voto negativo para la permanencia del Reino Unido en la UE, ya que Irlanda y Escocia votaron a favor, existe la posibilidad de que en este último se realice de nueva cuenta un referéndum, pero en este caso para determinar si deben continuar siendo parte del Reino Unido y que una vez separados, puedan integrarse por sí mismos a la UE.

Posibles escenarios[3]:
  • Que el Reino Unido termine completamente todos los compromisos comerciales que tiene actualmente.
  • Que a pesar de que salga de la UE, se mantuviese un acuerdo aduanero que conserve los beneficios comerciales que se tenían cuando era parte de esta, lo cual automáticamente beneficiaría a México.
  • Que con la salida de la UE, Reino Unido retome los acuerdos que tenía en un principio con la Asociación Europea de Libre Comercio.
Panorama para México

A continuación, también se presentarán algunos hechos e hipótesis de cómo podría afectar a México la salida del Reino Unido de la UE:

Hechos:
  • En 2015 fue el año dual del Reino Unido en México y se estableció la intención de incrementar las exportaciones entre ambos países.
  • La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó un estudio en el que se prevé que a México le tomará por lo menos 4 años elaborar nuevos tratados de libre comercio con el Reino Unido[4].
  • Banco de México (Banxico) revisó sus tasas el 30 de junio, con motivo del anuncio del Brexit.
  • El 12 de mayo de 2006, México firmó con el Reino Unido un acuerdo de protección recíproca de inversiones[5]; por lo que se considera que estas están protegidas.
  •  Mientras no se definan las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea, continuará vigente lo establecido en el Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea, en julio del 2000[6].
  • El precio del dólar y del euro se ha elevado, por lo que el peso mexicano se deprecia.
  • México exporta al Reino Unido manufacturas de electrónicos y tecnología, componentes aeroespaciales, componentes para automóviles, maquinaria de alta precisión, servicios de ingeniería y diseño.
  • El 0.7% del comercio global de México se realiza con el Reino Unido, lo que representa menos del 7.0% del que realiza con la UE[7].
Hipótesis:
  • Una vez que queden definidas las condiciones en que se llevará a cabo el Brexit, Banxico deberá volver a revisar sus tasas.
  • Va a ser necesario firmar un nuevo tratado de libre comercio con el Reino Unido.
  • Actualmente, los aranceles que gravan el comercio entre México y la UE se encuentran en cero, por lo que no los aumentarían[8].
  • El Reino Unido no es una potencia en tecnología, inversión en investigación y desarrollo, por lo que su salida no causará un impacto significativo para México[9].







[6] Para mayor referencia, consultar:






lunes, 24 de octubre de 2016

REINO UNIDO Y SU SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA[1] PRIMERA PARTE

REINO UNIDO Y SU SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA[1]
PRIMERA PARTE

La salida del Reino Unido de la Unión Europea no fue impulsiva, pero para quienes se vieron sorprendidos tanto con el momento en el que sucedió, como las consecuencias que podría llegar a ocasionar, vale la pena revisar la siguiente información.

En esta primera entrega, será presentada la evolución histórica sobre la participación que ha tenido el país de referencia en las diferentes agrupaciones colectivas del continente, y posteriormen, examinar lo que determinó propiamente el egreso del Reino Unido de la Unión Europea.

Organizaciones de Comercio Europeas a las que ha pertenecido el Reino Unido

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)[2]
El primer intento de integración económica para facilitar el comercio y la cooperación, fue la Comunidad del Carbón y del Acero, entre Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Más tarde, después del éxito obtenido, estos mismos países decidieron crear la Asociación Europea de Libre Comercio, European Free Trade Association (EFTA) en 1960. Seis años después, ya había libre comercio entre ellos, en el caso de productos industriales.

En 1972, Reino Unido abandonó EFTA con el propósito de integrarse a la Comunidad Económica Europea (EEC), por considerar que esta última le proporcionaría mejores beneficios.

Posteriormente, se instala un Comité Parlamentario que elimina tarifas de importación sobre bienes comerciados entre los miembros de la EFTA y la EEC.

En 1989, la EFTA inicia negociaciones para crear la European Economic Space (EES), Espacio Económico Europeo, que posteriormente se convirtió en European Economica Area (EEA), Área Económica Europea.

Entre los años 2000 y 2004, se firmaron instrumentos financieros entre la EEA y Macedonia, México, Croacia, Jordán, Singapur, Chile, Líbano y Tunes.

Comunidad Económica Europea (EEC)[3]
La Unión Europea tiene como antecedente a la Comunidad Económica Europea, European Economic Community (EEC), que tenía como objetivo unificar a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial; por lo que en 1957 Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Noruega y Alemania Oriental firmaron el Tratado de París. Gracias a esta integración económica, se facilitaría el comercio entre todos los países que la conformaban.

Aunque en un principio el Reino Unido rechazó integrarse a la EEC, al darse cuenta del crecimiento económico que estaban teniendo sus miembros, decidió ingresar. Después de dos intentos fallidos, frustrados por Francia, finalmente en 1973 lo logró. Pero en 1975 realizó la primera consulta para decidir su permanencia en la misma. A pesar de que el resultado fue permanecer, a partir de entonces ha habido opiniones divididas y campañas apoyando ambas posturas.

Las inconformidades continuaron, y en 1984, la Canciller de la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, bajo el argumento de que su país aportaba demasiado dinero, cantidad desproporcional e injusta al presupuesto de la EEC, renegoció las condiciones de sus aportaciones.

Unión Europea (UE)
El 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de la Unión Europea (UE)[4], en Maastricht, que dio como resultado que la EEC se convirtiera en la Unión Europea. Los siguientes países han ingresado a la misma[5]:



Esta asociación económica y política basa todas sus actividades en tratados acordados voluntaria y democráticamente, firmados por los países que la conforman.

El primer paso para la integración fue el libre tránsito entre algunos de los países integrantes de la UE. La firma del Acta Única Europea se convirtió en la base para permitir la libre circulación de mercancías.

El 1° de enero de 1999, después de 30 años de pláticas, 11 países incorporaron al euro (€) como moneda única para transacciones financieras y comerciales. Posteriormente, en 2002 se incorporaron las monedas y los billetes. En ese momento, 3 países se mantuvieron al margen de la implementación: Dinamarca, Reino Unido y Suecia.

En octubre de 2004, se firmó un tratado que establecía una Constitución única para simplificar el proceso democrático y el funcionamiento de todos los integrantes.

Para que todos los ciudadanos estén representados, cuenta con un Parlamento Europeo[6], mientras que el Consejo Europeo[7] y el Consejo de la Unión Europea[8] representan a todos los países. A continuación se destacan algunos aspectos importantes en relación con estos organismos.




Actualmente, al interior de la UE existen las cuatro libertades, la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales; lo que se traduce en beneficios para quienes la conforman.

Elaborado por:

Diana Claudia Fernández Conde
Abogada del Centro de Estudios Superiores






[6] Para mayor referencia consultar: http://www.europarl.europa.eu/portal/es