jueves, 11 de agosto de 2016

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE INSTITUCIONES POLICIALES POR TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE TIENEN CON EL ESTADO

Inicialmente, la relación del Estado con sus trabajadores fue considerada de naturaleza administrativa; sin embargo, en el Derecho mexicano adquirió un carácter preponderantemente laboral, con la finalidad de otorgar protección jurídica y estabilidad a los empleados estatales.

No obstante, de esta consideración quedaron excluidos los siguientes sectores: los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales; a quienes se les considera, para todos los efectos legales, como sujetos a un vínculo de índole administrativo.




En efecto, el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente en vigor señala que las categorías indicadas en el párrafo anterior se rigen por sus propias leyes, de ahí que quedan sustraídas de la normatividad general aplicable al resto de los trabajadores al servicio del Estado.

Ahora bien, el propio texto de la Constitución, en el segundo párrafo de la fracción anotada, dispone que los sujetos de trato podrán ser separados de su encargo, al no cumplir con los requisitos que la ley establezca para su permanencia; o bien, removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

En esa tesitura, de existir impugnación o interposición de algún medio de defensa, si la autoridad jurisdiccional ante quien se controvirtió el acto que determinó la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación de la relación de servicio, resuelve que estas fueron injustificadas, el Estado solamente estará obligado a indemnizar al afectado y pagar las demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio.

De lo anterior, fácilmente puede apreciarse que sin importar la ilegalidad en el actuar de la institución que ordene la separación de los policías de la Federación, de la Ciudad de México, Estados y municipios, estos únicamente tendrán derecho a que se les indemnice y finiquite el pago de las demás prestaciones derivadas de sus servicios personales, no así su reinstalación en la agrupación, como acontece con otros servidores públicos, como lo previene la diversa fracción IX, segundo párrafo, del mismo apartado B del artículo 123 constitucional, a quienes se concede la opción a ser reinstalados en el puesto o indemnizados, a su elección.

Es así que la restricción de la Ley Fundamental en comento, si bien garantiza indefectiblemente el derecho a una indemnización, sin embargo, en el caso que nos ocupa la determinación del monto de la misma quedará a cargo de la legislación particular que rija para las personas que señala la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución, de acuerdo con el orden gubernamental de que se trate (federal o local).

Sin embargo, puede suceder que la legislación especial sea omisa en establecer la cantidad o los parámetros para cuantificar la indemnización que se viene examinando, a que son acreedores los miembros de institutos policiales, luego, resultará necesario efectuar una integración del mandato constitucional de mérito.

En el análisis de esta cuestión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1], partió de una premisa inicial, consistente en que no es dable realizar, inmediatamente, una aplicación supletoria de la legislación laboral común; ello, porque en todo momento es de observarse la especial naturaleza del estatuto normativo que priva para los cuerpos policíacos y que dio origen a la porción del artículo 123 de la Constitución de referencia, por lo que para resolver esta cuestión es menester acudir a una norma de igual jerarquía o rango, es decir, dentro del propio texto constitucional.

Una vez definido lo anterior, en atención a que los apartados A y B del artículo 123 Constitucional, en conjunto, establecen las bases esenciales para la regulación de las relaciones laborales entre particulares, así como las del Estado con sus servidores y empleados, siendo que la fracción XXII del primer apartado señala que el monto de la indemnización a otorgarse en los supuestos de despido injustificado para los trabajadores del sector privado, será por el equivalente a tres meses de salario, es inconcuso que la correlativa para los miembros de los cuerpos de seguridad pública en comento, prevenida por la fracción XIII del segundo apartado de ese mismo artículo, no puede ser inferior a ese importe, por la analogía, e incluso, mayoría de razón existente en ambas disposiciones –que es la finalización ilegítima de la respectiva relación jurídica-, con la salvedad de que en esta última hipótesis no hay posibilidad alguna de reinstalación.

Cabe manifestar que, adicionalmente, el Máximo Tribunal del país determinó que también forma parte de la indemnización para los policías separados sin justificación de su cargo, el importe de veinte días de salario por cada año de servicios.

Efectivamente, la Sala de la Suprema Corte razonó que si el constituyente, a través de la previsión inserta en la fracción XXII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución, facultó al legislador ordinario para determinar los casos en los que el patrón queda eximido de cumplir con el contrato laboral, mediante el pago de una indemnización -la cual siempre respetará el mínimo fijado por la propia Ley Suprema- en consecuencia, si la ley reglamentaria agrega algún otro concepto a cubrirse por esa situación, entonces si la Ley Federal del Trabajo prevé el importe de veinte días de salario por cada año laborado como resarcitorios de los daños y perjuicios provocados al afectado, esto opera así mismo para los integrantes de los institutos policiales, de ahí la procedencia de la prestación de trato para estos últimos.

La línea de pensamiento aquí descrita es consecuente con la jurisprudencia recientemente sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito[2], quien apegándose al criterio sentado por la Suprema Corte refiere que si la legislación específica para los miembros de las corporaciones de policías contemplan que la indemnización aquí glosada está integrada por el importe de tres meses,  así como de veinte días de salario por cada año de servicios, o inclusive la adiciona con otros rubros, deviene innecesario recurrir a la Constitución y a la ley laboral común para sentenciar el asunto, sino que es de aplicarse directamente esa normatividad especial.

Elaborado por:

Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico



[1] Véase la jurisprudencia de rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].”. Tesis 2a. II/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 27, t. I, febrero de 2016, p. 951.

[2] Confróntese la Tesis: XVI.1o.A. J/31 (10a.), de rubro: “MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).”, visible en la publicación semanal electrónica del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al viernes 15 de julio de 2016, 10:15 horas.


miércoles, 13 de julio de 2016

Manual para entender el Juicio de Amparo Teórico-Práctico

Manual para entender el Juicio de Amparo Teórico-Práctico

Autora: Adriana Leticia Campuzano Gallegos


La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de julio de 2011, así como la expedición de la nueva Ley de Amparo en abril de 2013, además de establecer un novedoso y más amplio sistema protector de los derechos humanos, impuso la necesidad de que los libros sobre estas materias fueran actualizados por sus autores.

Sin el ánimo de demeritar los encomiables esfuerzos de los diferentes tratadistas que han hecho del juicio de amparo su objeto de análisis y exposición, la obra puesta a la consideración de los lectores –Manual para entender el Juicio de Amparo- es una publicación elaborada expresamente a partir de la normatividad que hoy se encuentra en vigor con una diferencia particular: su contenido se desarrolla  a través de la utilización del clásico método socrático de la mayéutica, caracterizado por la formulación de preguntas a responderse con antelación o conjuntamente al tratamiento de cualquier cuestión de conocimiento.

La razón de la anterior, como refiere la misma autora, obedece a que el desarrollo de cualquier actividad, incluidas las de carácter profesional, requiere contestar a diversas interrogantes, de ahí que el libro contenga preguntas y respuestas relacionadas con el juicio de amparo.

Resulta importante subrayar que los cuestionamientos no están incluidos en forma aleatoria, por el contrario, están agrupados en función de ejes temáticos que siguen la estructura procedimental del juicio de derechos fundamentales. De este modo, cuenta con un apartado de cuestiones generales, la tramitación del juicio en el expediente principal, causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento, la sentencia, los recursos y el cumplimiento de las ejecutorias; sin dejar de lado temas específicos como la suspensión del acto reclamado, el amparo contra normas, la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Incluye un apéndice con la reproducción de los artículos de la Ley de Amparo que son citados en el texto, esquemas, cuadros, diagramas y los números de identificación de la jurisprudencia relevante acerca de los puntos tratados.

Esta publicación resultará de utilidad para personas sin formación jurídica profesional que necesiten entender, mediante un lenguaje llano y desprovisto de excesivos tecnicismos, los conceptos inherentes al juicio de amparo y su tramitación, o darle el puntual seguimiento; asimismo, los abogados nóveles con poca experiencia forense encontrarán una valiosa herramienta de aprendizaje; pero también es recomendable para abogados que en su ejercicio cotidiano tengan contacto con el proceso de amparo, pues contarán con un instrumento de consulta y pronta referencia en la materia.


CAMPUZANO GALLEGOS, Adriana Leticia. Manual para entender el Juicio de Amparo Teórico-Práctico. Dofiscal Thomson Reuters. México. 2015.


Elaborado por:

Lic. Mauricio Estrada Avilés

Subdirector Académico

lunes, 27 de junio de 2016

HACIA LA CONMEMORACIÓN DEL 80° ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

HACIA LA CONMEMORACIÓN DEL 80° ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

El próximo 27 de agosto del presente se cumplen ochenta años de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, por lo mismo, en esa misma fecha este Órgano Jurisdiccional llegará a igual número de años de existencia, pues no hay que olvidar que la ley en cita creó al entonces Tribunal Fiscal de la Federación.

Con motivo de tan memorable acontecimiento, en esta oportunidad se presentan interesantes reflexiones producidas por el señor Licenciado Carlos del Río Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, contenidas en el discurso pronunciado en la sesión solemne para conmemorar el XXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, celebrada el 26 de agosto de 1966[1].

 

Mag. Carlos del Río Rodríguez. Magistrado Presidente del TFF
Período: 1965-1968/1969


Los fragmentos especialmente seleccionados constituyen una apología precisamente respecto a esta última legislación y relata interesantes anécdotas en relación a la creación del Tribunal.

“… El 27 de agosto de 1936, en uso de las facultades extraordinarias que por decreto de 30 de diciembre de 1935 le había concedido el H. Congreso de la Unión para la organización de los servicios públicos hacendarios, el señor Presidente de la República promulgó la Ley de Justicia Fiscal, que en este pleno extraordinario conmemoramos ante esta distinguida audiencia…”

“… Dicha ley, de escasos 58 artículos, determinaba en México el establecimiento del primer tribunal administrativo en el marco de las constituciones federales. Bien podemos decir, con la metáfora bíblica, que esa semilla habría de crecer hasta convertirse en un árbol frondoso y que en sus múltiples ramificaciones ha dado óptimos frutos en el campo del derecho…”

“… Al decir de uno de los miembros integrantes de la Comisión Redactora de la Ley de Justicia Fiscal y magistrado fundador de este Tribunal, don Alfonso Cortina Gutiérrez, nuestro juicio tributario es muy francés en su origen; más no por ello debemos olvidar que las instituciones, probadas en otros países, que hemos incorporado a nuestro régimen jurídico, pronto se han vuelto mestizas, pues sin olvidar sus orígenes, adoptamos lo que consideramos necesario para responder a la idiosincrasia de nuestro pueblo…”

“… Nació este organismo en un ambiente que podríamos llamar negativo: de indiferencia cuando no de escepticismo por parte de los particulares. Acaso pensaban que el Tribunal Fiscal de la Federación actuaría como dependencia estrechamente vinculada a la secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que, por lo tanto, el particular no encontraría aquí un procedimiento rápido y expedito y un espíritu de justicia, en el más amplio sentido de la palabra. Toda la Ley de Justicia Fiscal significaba innovación, introducía reformas y, en muchos aspectos, contradecía lo que aparentemente parecían ser postulados inmutables del régimen jurídico mexicano. No se apreció claramente que el Poder Público expedía una ley mediante la cual se imponía una autolimitación y, en generoso propósito, procuraba dar a los contribuyentes medios efectivos de defensa contra posibles arbitrariedades, buscando que el complejo, pero confuso sistema de los medios de impugnación de las resoluciones en materia tributaria, se ajustara a un procedimiento en el seno de la propia administración pública que garantizara la justicia pronta y expedita que tanto anhelaron los constituyentes de 1857 y de 1917…”

“… Los magistrados fundadores de este organismo, según testimonio de uno de ellos, actual Ministro de la Suprema Corte, don Mariano Azuela, llegaron recelosos a la secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero dispuestos a que el ideal de independencia con que se constituía el Tribunal Fiscal se volviese realidad. Aquella atmósfera de escepticismo inicial se tornó en confianza, tanto de los particulares como de la administración pública, ya que aquéllas (sic) veían la independencia de criterio de los magistrados y ésta conservó su escrupulosa rectitud en su afán de constituir el Tribunal Fiscal en órgano respetado y respetable…”

“… La Ley de Justicia Fiscal, a la que debe su vida jurídica el Tribunal Fiscal de la Federación, le asignó a este organismo competencia muy limitada, sin duda por tratarse del primer tribunal administrativo en México establecido bajo la vigencia de una Constitución Federal. Sin embargo, su esfera de competencia, a partir de 1939, ha sido ampliada paulatinamente a través de diversas reformas legales…”

“En consecuencia, este acto conmemorativo es justo homenaje a la memoria del titular del Poder Ejecutivo que, hace treinta años, introdujo en el sistema jurídico mexicano una de las modificaciones de mayor trascendencia; homenaje también a la institución que ha servido de modelo a todos los tribunales administrativos del mundo: el Consejo de Estado de Francia; homenaje y justo reconocimiento a todos los magistrados y empleados que han prestado sus servicios eficazmente para lograr que este organismo en tan corto lapso haya logrado tan importantes objetivos; y homenaje, finalmente, a los diversos secretarios de Hacienda y Crédito Público que siempre han mostrado respeto a la autonomía del Tribunal Fiscal de la Federación, pues jamás han tratado de influir sobre el criterio de sus magistrados, conscientes de la legitimidad y rectitud de los principios que informan la expedición de la Ley de Justicia Fiscal…”

No queremos dejar pasar la ocasión para comentar sobre algunas de las personalidades que estuvieron presente en este acto:

-    Señor Licenciado Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público; representante personal del Señor Presidente de la República en ese acto
-     Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Licenciado Agapito Pozo
-      Señor Doctor Alexandre Parodi, vicepresidente del Consejo de Estado francés


Elaborado por:

Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico
Centro de Estudios Superiores




[1] Discurso contenido en: Memorias de las conferencias sustentadas con motivo del XXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, Tercer Número Extraordinario de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1967, pp. 313-318.
Se agradece la localización de los datos base con los cuales se elaboró esta sección, a la C. María de los Ángeles González González, adscrita al Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo.

lunes, 13 de junio de 2016

PROPUESTA LEGISLATIVA PARA INCORPORAR MEDIDAS PRECAUTORIAS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

PROPUESTA LEGISLATIVA PARA INCORPORAR MEDIDAS PRECAUTORIAS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El 26 de mayo del año en curso, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un proyecto de decreto, que contempla la modificación de la Ley Federal del Derecho de Autor, a fin de incorporar medidas precautorias que prevengan la violación a los derechos patrimoniales de los autores y sus causahabientes.

 
El proyecto mencionado tiene como antecedente la iniciativa presentada por la diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante de la LXII Legislatura anterior, que propone en ese sentido la adición de un artículo 213 Bis y la reforma al diverso 215 de la ley de trato[1].

La exposición de motivos correspondiente destaca la ausencia en la legislación vigente de instrumentos que, por un lado, inhiban la realización de conductas que atenten contra los derechos exclusivos de los titulares de las obras protegidas para autorizar o prohibir su representación, transmisión, radiodifusión y ejecución; y por el otro, proscriban la actualización de un daño irreparable, así como preservar, en su caso, los elementos demostrativos que acrediten dicha vulneración, evitando su destrucción, ocultamiento o alteración.

Se añade que, el estado actual que guarda el respectivo régimen legal regulatorio, es insuficiente para la consecución de los finalidades anotadas, ya que los afectados están en la necesidad de agotar un dilatado camino ante las instancias judiciales competentes, con la consecuencia de que no se evita la consumación o continuación de la violación, sino únicamente su resarcimiento, a través de una indemnización, lo que no abona a la seguridad jurídica tan necesaria para el normal desarrollo de cualquier actividad autoral.

El proyecto acota que la utilización de medidas precautorias en el ámbito del derecho de autor no es novedoso, por el contrario, durante la vigencia de la correlativa ley de 1956[2], se admitieron con tal carácter a los embargos de las entradas o ingresos obtenidos de la representación, antes de celebrarse, durante y al finalizar la misma; así como de aparatos electromecánicos y la intervención de negociaciones mercantiles. No obstante, manifiesta la legisladora, en la ley de 1996 inexplicablemente esas providencias precautorias desaparecieron.

Cabe señalar que la pertinencia de la reforma propuesta obedece también a que, si los órganos jurisdiccionales del orden común previnieron el conocimiento de una contienda al respecto, lo cierto es que frecuentemente, los ordenamientos locales supletorios no contemplan medidas cautelares, por tanto, los enjuiciantes carecen de la posibilidad de promover su otorgamiento, lo que quedará solventado con la adición propuesta al incorporar las mismas en el ámbito federal y en la materia.

Ahora bien, las medidas precautorias se contendrán en el artículo 213 Bis a adicionarse, entre las cuales están:

  •  La suspensión de la representación, comunicación o ejecución
  • El embargo de las entradas o ingresos que se obtengan, ya sea antes o durante la representación, comunicación o ejecución
  • El aseguramiento de instrumentos materiales, equipos o insumos utilizados en la representación, comunicación o ejecución
  •  Embargo de la negociación mercantil


Los sujetos legitimados para solicitar esas medidas serán los titulares de los derechos de autor patrimoniales, sus representantes o las sociedades de interés colectivo.

Por su parte, el novedoso segundo párrafo del diverso numeral 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor facultará a los órganos judiciales (federales o locales) para conceder los instrumentos precautorios instituidos.

Es así que se pretende conseguir el pleno respeto a los derechos de autor así como el pago oportuno de las regalías que se generen a favor de sus titulares, por el uso o explotación de cualquier obra o prerrogativa protegidas, lo que está en consonancia con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano como son los siguientes:

  •               El Acta de París[3]
  •               Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]
  •               Tratado de Libre Comercio para América del Norte[5]


Una vez dictaminado el proyecto por la comisión antes señalada, será sometido a la discusión y votación por el pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de aprobarse la iniciativa, será remitida mediante minuta al Senado de la República, para continuar el procedimiento legislativo.


Elaborado por:

Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico
Centro de Estudios Superiores




[1] Ver Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XVIII, número 4255-VIII, jueves 16 de abril de 2015.
[2] Artículo 146 de la Ley Federal de los Derechos de Autor.
[3] Cfr. Artículos 11 y 11 Bis.
[4] Véanse artículos 8, 10 y 27.
[5] Ver artículo 1716.

jueves, 26 de mayo de 2016

INSTITUCIONES DE DERECHO FISCAL

Autora: Dra. Hortencia Rodríguez

El libro puesto a la consideración de los amables lectores constituye un análisis sobre los principios que rigen en materia tributaria, instituidos a efecto de que el ejercicio de la soberanía estatal, en la vertiente que permite al Estado establecer cargas económicas a los particulares para sufragar los gastos públicos, se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en la Constitución y las leyes secundarias; de esta forma, los particulares adquieren certeza de los derechos que les asisten y las obligaciones a cumplimentar, a fin de contribuir a la existencia y sostenimiento económico de la comunidad social en la que actúan.


En esa tesitura, la publicación desarrolla en forma individual e interrelacionada postulados como legalidad, proporcionalidad, equidad, destino al gasto público, igualdad, prohibición de leyes privativas, derecho al trabajo, de petición, audiencia, prohibición de costas y de confiscación de bienes, así como justicia administrativa.

Para el tratamiento de este último aspecto, la autora efectúa un estudio previo relativo a las resoluciones administrativas, lo que deviene conveniente y necesario, toda vez que estas últimas, al ser la forma en la cual se exterioriza la voluntad de la Administración Pública, tienen que observar un cúmulo de requisitos para que surtan efectos para su destinatario, en lo concerniente a la determinación y pago de su obligación impositiva.

Una vez examinados esos temas, el libro refiere los instrumentos a través de los cuales el particular que resienta agravio en su esfera jurídica puede oponer legítima resistencia a un acto de autoridad, ya sea porque el establecimiento del gravamen no esté conforme a las formalidades propias del procedimiento para su creación, se han vulnerado derechos fundamentales establecidos en la Ley Suprema o en Tratados Internacionales, o bien, median violaciones vinculadas con la forma de pago o cobro del mismo. Entre estos, se incluyen a los recursos administrativos, el juicio contencioso administrativo seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio de amparo y el recurso de revisión fiscal a deducirse ante el Poder Judicial de la Federación.

Cabe subrayar que el último de los medios de defensa apuntados –el recurso de revisión fiscal- no es abordado de manera tangencial sino a través de una amplia descripción monográfica que incluye antecedentes, evolución histórica, situación actual, requisitos de promoción y substanciación, con énfasis en la cuestión acerca de la equidad procesal a existir entre las partes, es decir, el contribuyente y la autoridad hacendaria.

Sin duda, el lector encontrará en este libro una asequible herramienta de consulta en los puntos señalados, sobre todo por lo que hace al recurso de revisión fiscal en la cual resulta ampliamente especializada.

RODRÍGUEZ, Hortencia. Instituciones de Derecho Fiscal. Ed. Porrúa. México, 2016.


Elaborado por:
Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico

martes, 17 de mayo de 2016


PRIMERAS SENTENCIAS EMITIDAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIRTIERON LOS LÍMITES GENERALES A LAS DEDUCCIONES PERSONALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS


Con motivo de la expedición del decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos; se expidió la Ley del Impuesto sobre la Renta; y se abrogaron las Leyes del Impuesto Empresarial a Tasa Única y del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013; uno de los puntos de relevancia dentro de este paquete de modificaciones fiscales fue el último párrafo del artículo 151 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.

El dispositivo de trato se refiere a las deducciones personales para contribuyentes personas físicas residentes en México, esto es, aquellos conceptos que pueden disminuir de sus ingresos en adición a las erogaciones en que incurrieron para la generación de aquellos, para determinar la base conforme a la cual será calculado el impuesto a su cargo. Entre estos rubros se encuentran los siguientes:

a)  Pagos por honorarios médicos, dentales y hospitalarios.
b)  Gastos funerarios.
c)  Donativos no onerosos ni remunerativos.
d) Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación.
e)  Aportaciones complementarias de retiro, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a planes personales por ese concepto o a la subcuenta de aportaciones voluntarias.
f)     Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes a los servicios de salud proporcionados por instituciones de seguridad social.
g)    Gastos por transportación escolar obligatoria.
h)   Pagos por el impuesto local sobre ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado.

Si bien existen requisitos y limitaciones a observar para cada uno de los anteriores renglones,[1] lo cierto es que por mandato del último parágrafo del precepto legal en cuestión, de conformidad con su redacción original al inicio de la vigencia de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta en 2014, el monto total que los causantes pretendan disminuir por algunos o todos  ellos (con excepción de los donativos antes referidos), no puede exceder de la cantidad menor que resulte de comparar el importe de cuatro salarios mínimos generales de la región geográfica que corresponda al contribuyente,[2] elevados al año, contra el diez por ciento del total de sus ingresos (incluidos aquellos por los que no se pague el impuesto).

Cabe señalar que la limitación de mérito se hizo extensiva, además, para el estímulo fiscal establecido en el numeral 185 de la mencionada ley impositiva.[3]

Dado el impedimento de disminuir íntegramente, al cien por ciento, las erogaciones por los conceptos señalados, ello condujo a algunos causantes para promover juicio de amparo indirecto, controvirtiendo la disposición legal en comento, a efecto de que, en caso de obtener sentencia favorable, dicha norma no se aplicara en su esfera jurídica, lo que indefectiblemente les permitiría el extremo contrario, es decir, la disminución total de los pagos efectuados por esos rubros.

Recientemente dos juzgados de distrito en materia de amparo han pronunciado resolución de primer grado declarando la inconstitucionalidad del artículo 151 mencionado, en su porción normativa correspondiente, con base en dos consideraciones fundamentales glosadas a continuación grosso modo.

Reconocimiento de las deducciones personales como componentes aptos para disminuir la carga impositiva de los contribuyentes

Conforme al criterio de distinción fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre deducciones estructurales y no estructurales,[4] si bien las personales apuntadas no pertenecen a la primera categoría señalada, al no guardar relación estrecha con la generación de los ingresos que constituyen el objeto del impuesto sobre la renta, no menos cierto es que el legislador reconoce su potencialidad para contraer la carga impositiva en atención a que se destinan para cubrir necesidades esenciales como la salud, educación, vivienda, la seguridad financiera posterior a la etapa productiva del individuo, en beneficio del propio contribuyente o sus familiares más cercanos.

Salvaguarda del derecho humano al “mínimo vital” [5]

El instituto en mención, entendido como la porción del patrimonio de la persona que por ser indispensable para sufragar su existencia misma está libre de cualquier gravación, deviene vulnerado desproporcionalmente por el dispositivo legal de trato, toda vez que son gastos acontecidos por circunstancias de la vida, ajenos a la voluntad del causante tributario, cuya atención precisa el desembolso de cantidades que pueden superar las limitaciones estatuidas por la ley, amén de que son satisfactores que, en el último de los casos, el propio Estado está obligado a proporcionar, de ahí que su deducibilidad deba ser autorizada en su integridad.

Es importante advertir que las sentencias aquí referidas no son cosa juzgada todavía, sino susceptibles de impugnación mediante el recurso de revisión, por tanto, habrá que esperar el pronunciamiento definitivo que en su momento hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Elaborado por:

Lic. Mauricio Estrada Avilés
Subdirector Académico





[1] Para mayor detalle, remitimos a la lectura del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del 1° de enero de 2014.
[2] En consideración al salario mínimo general para el Distrito Federal que regía en el ejercicio de 2014, estaríamos hablando de la cantidad de $96,000.00
[3] De acuerdo con el precepto legal invocado, en su redacción de origen en 2014, dicho estímulo consistía en la posibilidad de restar el importe de los depósitos efectuados a cuentas personales de ahorro, pagos de primas de contratos de seguro relacionados con el retiro, o por la adquisición de acciones en sociedades de inversión, a la base gravable a la cual se le aplicaría la tarifa anual del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de no haberse realizado tales erogaciones.
[4] Cfr. Jurisprudencia de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, con rubro: “DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, febrero 2011, página 170.
[5] La actividad jurisdiccional ha sido prudente al abstenerse de elaborar una definición acerca del “mínimo vital”, postura que es compartida por el suscrito, ya que estamos frente a un concepto jurídico indeterminado cuyo contenido corresponde determinar al juzgador en cada caso concreto, ponderando cada circunstancia particular en su aplicación. No obstante, puede concebirse como un parámetro cualitativo más que cuantitativo, el cual coincide con competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales en materia de educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, entre otras, necesarias para que la persona pueda llevar una existencia libre de temores, de las cargas de la miseria y de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, reduzcan su valor intrínseco como ser humano por no contar con los medios materiales que le permitan llevar una vida digna. Sobre el particular, es ilustrativa la tesis aislada